ISLA MUJERES, 08 de noviembre.- Pescadores de la cooperativa “Isla Blanca” fueron desalojado ayer de un predio que tenían ocupado físicamente desde hace mas de una década, acción judicial que se ejecuto para que fuera entregado a la Administración Portuaria Integral (API) y esta a su vez a los empresarios Pablo Aguirre y José Luis Ballesteros.
Fue alrededor de las de las 11 horas de ayer cuando se presentaron al lugar un notario público, representante de la SCT, capitanía de puerto, APIQROO y más de una decena de elementos de la Armada de México fuertemente armados y con pasa montañas, también estaban presentes elementos de la policía federal para llevar a cabo el desalojo de las embarcaciones que se encontraban en un espacio de 600 metros cuadrados de zona federal y 120 metros cuadrados de “espejo de agua”.
Algunos pescadores aseguran tener la concesión de este espacio desde hace más de una década, durante el cual el gobierno federal ha hecho una inversión de más de cinco millones de pesos en la construcción de un muelle en apoyo a la agrupación pesquera, misma que también pierden alrededor de 2.5 millones de pesos por varias bodegas que se encuentran dentro de la zona federal que ahora al parecer pertenece a los empresarios.
Los hombres del mar responsabilizan a Iván Rosas Ojeda, director de catastro municipal durante la administración de Manuela Godoy González, al ceder 199 metros de demasía a los empresarios que grabaron en el registro público de la propiedad y que propicio el desalojo.
De igual manera aseguran que la lucha por la ocupación de esta zona federal ocurre desde hace más de tres años cuando Miguel Esquivel Pérez quien fuera presidente de la agrupación pesquera al parecer hizo tratos “Bajo el Agua” con los empresarios para que se adjudicaban la zona federal.
Los pescadores aseguran que el desalojo es irregular porque los pagos por la concesión lo tienen hasta el 2015.
Por su parte el abogado de los pescadores Manuel Garcia Garcia, explicó que la sesión de la zona federal a los empresarios ocurre de manera irregular, debido a que la cooperativa fue quien solicito primero el convenio de cesión parcial de los derechos de zona federal.
Los pescadores insistieron que Javier Cetina González quien fuera director de la APIQROO en ese entonces se negó a darle entrada al convenio y por otra parte admitió la solicitud de los empresarios Pablo Aguirre y José Luis Ballesteros.
Agregaron que lo más extraño es que la APIQROO se negó a recibir la solicitud del convenio, pero en cambio aceptaba los pagos por el uso del espacio.
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