ISLA MUJERES 04 de agosto.- Además del ejercicio indebido de la función pública, ahora el director de fiscalización está acusado de violentar el derecho de transito al intentar la tarde del miércoles sacar del municipio a una de las masajistas que lo acusan de estarle negando la renovación de su permiso pese a estar al día con sus respectivos pagos.
Las señoras Maricela Cárdenas Plancarte y Johanna Chan Hernández, explicaron que la tarde del pasado miércoles, se llevaron la sorpresa de que personal de fiscalización acompañados de elementos de seguridad publica pretendieron sacarla de la ínsula a una de ella sin argumentos validos ya que solo se limitaban a decir que eran órdenes del director de fiscalización Israel Rodríguez Rodriguez.
Comentaron que armándose de valor exigieron se les respetara sus derechos especialmente los de Johanna Chan Hernández a quien “invitaban” a acompañarlos hasta el muelle fiscal para que saliera de la ínsula como si hubiera cometido algún delito grave, ya que incluso aseguran en ese momento no está laborando precisamente por la falta de renovación de sus permisos.
La afectada aseguró que la dirección de fiscalización hizo perdidizos sus documentos, argumento que utilizan para negarles la renovación de sus permisos de los que ella cuenta desde hace tres años pagando puntualmente.
De los hechos fue testigo el visitador adjunto de la CDH en el municipio Roger Mauricio Barboza Vega, quien dijo haber sido llamado por las afectadas en el momento en que los fiscales y elementos policiacos pretendían sacar de la isla a la señora Chan Hernández.
En este sentido argumento que al parecer el titular de fiscalización además de ejercer indebido a la función pública, ahora deja en estado de indefensión a las afectadas al emitir un acto de autoridad que no notifica previamente, para que utilicen este recurso ante la ley para inconformarse.
Abundó que ahora se añade otro hecho violatorio al querer expulsarla sin motivo alguno de la isla, inclusive no pueden negarle el derecho de estar en las playas.
Aseguró que se le recomendó a la afectada añadir a su demanda ante la CDH una queja por la violación a su derecho de libre tránsito ya que la facultad de la autoridad es solo la de impedir que trabaje como masajista en tanto no cumpla con los requisito que existe el reglamento municipal para realizar un trabajo.
Dijo que lo que procede es agotar todos los recursos con los que se cuentan para posteriormente de no haber un arreglo satisfactorio, llegar hasta la sala constitucional y administrativa que es un órgano jurisdiccional que puede exigir al ayuntamiento se les otorgue los permisos a las masajistas, siempre y cuando hayan considerado que estas tienen la razón.
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